por Los ciudadanos de Vigo
Bernard G. Frye y Lyman Roberts Jr. (colectivamente, los «ciudadanos») apelan la sentencia del tribunal de primera instancia que deniega la reparación solicitada por supuestas violaciones de la Ley de Puertas Abiertas de Indiana[1] por parte de los Comisionados del Condado de Vigo (los «Comisionados») y el Panel de Agravios[2]: 1) si el tribunal de primera instancia se equivocó al determinar que había una notificación pública de las sesiones ejecutivas, 2) si los Comisionados se reunieron indebidamente en sesiones ejecutivas con el abogado del condado y los representantes del sindicato, 3) si el tribunal de primera instancia se equivocó al determinar que las reuniones del Panel de Agravios no estaban sujetas a la Ley de Puertas Abiertas, y 4) si el tribunal de primera instancia se equivocó al no proporcionar a los Ciudadanos un recurso.
El empleo de Roberts con el Departamento de Carreteras del Condado de Vigo fue terminado por los Comisionados el 9 de septiembre de 1998, en una reunión cerrada al público. Los Comisionados actuaron debido a las acusaciones de que Roberts había acosado sexualmente a una empleada. El acuerdo de negociación colectiva entre los Comisionados y el Sindicato Internacional de Ingenieros Operativos Local #841C («Sindicato») estableció un procedimiento de queja que proporcionó a Roberts un proceso para apelar la decisión de despido de los Comisionados.
Nómina de la corporación escolar del condado de Vigo
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligación de implantar planes de igualdad en las empresas de 50 o más trabajadores (Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de) marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modifica el artículo 45.2, pasando de 250 a 50 trabajadores) y en las administraciones públicas.
Además, hay que tener en cuenta, por un lado, el contenido del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que, entre otras obligaciones, determina que los planes de igualdad deben incluir los aprobados por la auditoría de retribuciones; y por otro lado, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que regula el contenido de dicha auditoría.
Profesores del condado de Vigo
El desequilibrio entre la carga de trabajo y los niveles de dotación indica que los Estados de abanderamiento no siempre cumplen con sus responsabilidades, ni se aseguran de que los armadores cumplan con las suyas teniendo en cuenta niveles de dotación eficientes y suficientes a bordo de los buques.
El temor a las consecuencias negativas de fallar en las inspecciones y crear problemas a las compañías navieras pesa más que la obligación de cumplir realmente la normativa internacional. La inseguridad en el empleo, acompañada de incentivos financieros, contribuye a crear un entorno en el que el ajuste, en lugar de la precisión, es el resultado lógico. Para la gente de mar, el único objetivo de registrar las horas es confirmar el cumplimiento y evitar interrupciones en el horario.
En este entorno, los marinos consideran que los requisitos para informar sobre las horas de trabajo y descanso son un mero ejercicio de papel. Además, los programas informáticos destinados a apoyar el registro de las horas parecen «jugar» con el cumplimiento. En lugar de mejorar la precisión, incentivan a la tripulación a ajustar sus registros.
Según el informe, «están atrapados en la disonancia cognitiva, donde la desviación se normaliza». Muchas compañías parecen desinteresadas en la opinión de los marinos sobre este tema y las encuestas del Estado de abanderamiento se limitan a revisar el papeleo sin verificar la realidad del trabajo a bordo. Inevitablemente, hay que cuestionar la eficacia del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS).Save to LibraryDownloadEditCompare Citation Rank Readers Related Papers MentionsView Impact
Sueldos de la corporación escolar del condado de Vigo
Aunque su situación sigue siendo en gran medida invisible, los trabajadores agrícolas, ya sean ciudadanos de la UE o de fuera de ella, inmigrantes o refugiados, que trabajen en el Norte, el Sur, el Oeste o el Este de Europa, están unidos en la exigencia de derechos, justicia social y dignidad en el trabajo.
Sorprendentemente, los trabajadores nunca han figurado en la Política Agrícola Común (PAC), una política emblemática de la UE, que ahora representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE (desde máximos de hasta el 73%). Mientras que las subvenciones de la PAC están ahora condicionadas, con razón, al respeto de las normas medioambientales básicas, la salud pública y el bienestar de los animales, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales no desempeña absolutamente ningún papel en la asignación de los pagos directos. Por ello, no es de extrañar que la PAC haya fracasado hasta ahora en la mejora de las condiciones de los trabajadores agrícolas.
Sin embargo, se vislumbra una solución concreta y fácilmente aplicable. El Parlamento Europeo ha adoptado una posición clara: Los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones de trabajo y empleo aplicables según los convenios colectivos pertinentes, la legislación nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT.
